
Con un llamado a la participación activa del sector cultural, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Núcleo de Pichincha , cierra la campaña nacional “Yo participo de la ley, porque la cultura también decide”, un proceso de diálogo territorial orientado a la construcción de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Cultura.
El evento de cierre se desarrollará en el Teatro Prometeo, a las 16h00, consolidando a Pichincha como la última provincia en recoger aportes ciudadanos luego de un recorrido nacional impulsado por los 24 núcleos provinciales de la institución.
Durante una entrevista en el espacio radial Zona Cultura, el director del Núcleo de Pichincha Casa de la Cultura, Roberto Rivera, destacó que este proceso responde a la necesidad de revisar los vacíos de la normativa vigente desde su implementación en 2016. Recordó además que un intento de reforma en 2022 fue archivado, por lo que el actual ejercicio busca retomar el debate desde la participación comunitaria.
Rivera enfatizó que uno de los principales retos es fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, promoviendo una articulación real entre instituciones públicas, gobiernos locales y el sector cultural.
En este sentido, subrayó la importancia de que la Casa de la Cultura, presente en todo el territorio nacional, tenga un rol más activo en la definición de políticas y en la distribución de recursos.
En cuanto al financiamiento, el director señaló que el sector enfrenta una alta demanda frente a recursos limitados, lo que obliga a buscar mecanismos sostenibles que incluyan tanto fondos públicos como inversión privada. Asimismo, insistió en la necesidad de simplificar los procesos de acceso a las líneas de fomento, ya que muchos artistas y gestores culturales encuentran dificultades en la burocracia administrativa.
Otro de los ejes abordados fue la descentralización cultural. Rivera planteó la urgencia de garantizar mayor autonomía a los núcleos provinciales, permitiéndoles gestionar recursos directos y responder de manera más efectiva a las realidades locales.

En materia de derechos culturales, destacó como prioritarios el fortalecimiento de las líneas de fomento y la inclusión de mecanismos de seguridad social para los trabajadores del arte y la cultura, un tema aún pendiente dentro de la legislación.
El proceso participativo contempló convocatorias abiertas y la recolección de propuestas tanto presenciales como virtuales, asegurando que artistas, gestores y ciudadanía puedan incidir de manera directa en la construcción del borrador de ley. El encuentro final también fue transmitido en plataformas digitales, ampliando la participación.
La campaña concluye con un mensaje claro: la construcción de una ley de cultura no puede ser simbólica, sino colectiva. Como señaló Rivera, este es un momento clave para que el sector cultural actúe de manera articulada y fortalezca una propuesta que garantice derechos, financiamiento y desarrollo para el país.
Los aportes recogidos a nivel nacional serán sistematizados y presentados ante la Asamblea Nacional como parte del proceso de reforma, con la expectativa de que se traduzcan en una normativa más inclusiva, descentralizada y acorde a las necesidades del Ecuador contemporáneo.
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