El debate sobre la reforma a la Ley Orgánica de Cultura (LOC) en Ecuador continúa evidenciando profundas limitaciones en su aplicación y desarrollo. Así lo expuso Hernán Reyes, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, durante una entrevista en Zona Cultura en la que analizó los avances, vacíos y desafíos del marco normativo cultural en el país.
Reyes contextualizó que la actual ley tiene un origen tardío, ya que, pese a que la Constitución de Montecristi estableció en 2008 la necesidad de contar con una normativa cultural, esta recién fue aprobada en 2016, al final del gobierno de Rafael Correa, y su reglamento entró en vigencia en 2017, un día antes de concluir dicho mandato.
Según el analista, este retraso marcó un inicio débil para la institucionalidad cultural, agravado por una visión estatal que históricamente ha considerado la cultura como un ámbito secundario, vinculado al entretenimiento y sin un valor económico claro. “Se ha reducido la cultura a lo folclórico o a lo recreativo, cuando en realidad atraviesa toda la vida social”, enfatizó.
En su análisis, el especialista señaló que los gobiernos posteriores, como los de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, no han priorizado el fortalecimiento del sector cultural. Incluso, cuestionó decisiones como la reducción del Ministerio de Cultura y Patrimonio a una estructura menor dentro del Estado, lo que, a su criterio, debilita la rectoría institucional.
Frente a la discusión actual, Reyes sostuvo que no es necesario construir una nueva ley desde cero, sino realizar reformas puntuales que permitan su aplicación efectiva, especialmente en el reglamento. Entre los aspectos prioritarios mencionó:
- Garantizar derechos laborales y seguridad social para artistas y gestores culturales.
- Fortalecer la articulación con otras normativas como educación, comunicación y trabajo.
- Generar mecanismos claros de financiamiento sostenido para el sector.
Asimismo, advirtió que la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo histórico. “Sin presión social y sin conciencia ciudadana sobre la importancia de la cultura, cualquier reforma quedará en el papel”, señaló.
Uno de los puntos más críticos abordados fue la situación laboral de los trabajadores culturales. Según Reyes, entre el 90% y 95% de artistas y gestores trabajan sin estabilidad ni cobertura social, en un contexto general de precarización laboral en el país.
A esto se suma la ausencia de un sistema de información cultural sólido. El especialista subrayó que el último censo nacional no incluyó un estudio específico sobre actividades culturales, limitándose a datos de autoidentificación étnica. Esto, dijo, dificulta la planificación de políticas públicas efectivas.
En ese sentido, insistió en la necesidad de construir un sistema articulado de información cultural que integre datos de distintas instituciones del Estado, aunque reconoció que el contexto político actual no favorece su implementación.
Financiamiento y articulación interinstitucional
En cuanto al financiamiento, Reyes planteó la creación de partidas permanentes para la cultura, así como incentivos tributarios y alianzas público-privadas que permitan sostener actividades culturales de forma continua. Citó como ejemplo modelos regionales donde la inversión privada en cultura genera beneficios tanto económicos como sociales.
También recalcó que la cultura debe entenderse como un eje transversal que se conecta con sectores como educación, comunicación y deporte, por lo que su normativa no puede abordarse de manera aislada.
Finalmente, el analista valoró los espacios de participación impulsados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus núcleos provinciales, pero advirtió que estos esfuerzos deben trascender hacia un debate nacional más amplio.
“El problema no es solo la ley, sino la falta de condiciones políticas y sociales para aplicarla”, concluyó. El proceso de reforma a la Ley Orgánica de Cultura se mantiene en discusión, en medio de un contexto marcado por limitaciones institucionales y demandas históricas del sector cultural que aún esperan respuesta